La actividad industrial

La actividad industrial alcanzó su cénit en España entre 1970 y 1975 con una participación en el PIB y con una proporción de población activa cercana al 40%. Desde entonces, este porcentaje se ha ido reduciendo, aportando hoy alrededor del 15% del PIB y de la población activa. Con todo, nuestro país se sitúa entre las potencias industriales por el valor de la producción obtenida, ocupando el quinto lugar dentro de la Unión Europea.

Esta pérdida de la importancia relativa de la industria se debe a la creciente terciarización de la economía, que se inició a raíz de la crisis del petróleo de 1973. Dicha crisis, condujo hacia la reconversión industrial, que conllevó el abandono de determinadas ramas industriales tradicionales, que fueron sustituidas por la deslocalización o las importaciones, así como el trasvase de población activa hacia el sector servicios.

Pero al mismo tiempo, en los últimos años, la producción crecía debido a la mejora de la productividad por empleado, sobre todo por los avances tecnológicas (mecanización, automatización…) y por una mejor organización del trabajo en las empresas. 

Todo este proceso de transformación y reconversión, debe ser entendido como una consecuencia de la globalización, que ha cambiado radicalmente el panorama industrial a nivel mundial. La globalización está teniendo consecuencias beneficiosas para las grandes empresas, pero no tanto para los trabajadores. Las consecuencias más llamativas de la misma son:

• Concentración empresarial, en forma de multinacionales, para ganar en competencia, pero con el claro peligro de oligopolio.

• Deslocalización industrial hacia países emergentes para ahorrar costes, debido al bajo nivel de los salarios, jornadas de trabajo excesivas, menor coste del suelo, legislación medioambiental más permisiva, etc. Todo ello, se sustenta en leyes que permiten la explotación de los trabajadores, mientras que el capital lo ponen las empresas cuyas sedes centrales radican en países como EEUU, Japón o la UE.